Kosovo es una cuestión emocional para serbios y albanokosovares. Ningún tribunal del mundo podrá emitir una sentencia sobre sentimientos, identidades, percepciones y mitos. Sea cual sea el dictamen de el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), una institución creada y auspiciada por la ONU y que dilucida asuntos entre Estados -no confundir con el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia (TPIY) ni con la Corte Penal Internacional, que juzgan crímenes de guerra y contra la humanidad- no cerrará heridas ni zanjará una cuestión compleja que hunde sus raíces en el siglo XIV. Sólo una futura integración de todos los Balcanes en la Unión Europea logrará difuminar el peso de las fronteras, más mentales que físicas.
El Gobierno de Belgrado sostiene que Kosovo es el pilar de la nación, la esencia de la identidad serbia, y que la declaración unilateral de independencia, proclamada el 17 de febrero de 2008, es ilegal porque viola su soberanía y contraviene la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, que, a su entender, garantiza la integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia. También sostiene que Kosovo nunca fue una república dentro de Yugoslavia sino territorio autónomo, como Voijvodina, sin derecho a la secesión.
El Gobierno de Kosovo considera que la limpieza étnica y los crímenes de guerra cometidos en su territorio en 1998 y 1999 contra la población civil son razones suficientes para romper con el maltratador, y que Yugoslavia y su Constitución dejaron de existir y que ésta carece de validez legal. En aquel conflicto perdieron la vida 10.000 personas y cerca de un millón de albanokosovares, la mitad de la población, fueron expulsados de sus casas.
El 90% de la población de Kosovo es étnicamente albanesa y desea la independencia del territorio. Sesenta y tres países han reconocido el nuevo Estado, entre ellos EE UU y 22 de los 27 de la Unión Europa. No lo han hecho Rusia y China y la mayoría de los latinoamericanos. La ONU, tampoco. Ha sido el alto organismo el que se ha dirigido al CIJ para conocer su opinión, que no será vinculante.
Los defensores de la legalidad de la independencia de Kosovo sostienen que la resolución 1244 está superada por los acontecimientos en la región porque la República Federal de Yugoslavia dejó de existir en mayo de 2006 tras la independencia de Montenegro y que la referencia sobre la integridad territorial se encuentra en el preámbulo, sin peso legal, y no en el texto de resolución. Son argumentos de ingeniería jurídica, pero los contrarios, también.
Estados Unidos, Reino Unido y Alemania fueron los principales impulsores de la independencia de Kosovo. Serbia perdió la oportunidad de buscar soluciones intermedias tras el asesinato el 12 de marzo de 2003 de su primer ministro reformista Zoran Djindijc, el hombre que envió al dictador Slobodan Milosevic al TPIY. Durante casi cinco años, Serbia estuvo prisionera de las maquinaciones de Vojislav Kostunica, un demócrata que hizo el camino inverso hasta aliarse con los ultranacionalitas del Partido Radical, cuyo líder, Vojislav Seselj, está procesado por crímenes de guerra. Los gobiernos de Kostunica rechazaron la autonomía y sólo la ofrecieron al final, cuando el proceso era imparable.
La decisión no vinculante del TIJ se producirá posiblemente en abril, durante la presidencia española de la UE. España es uno de los cuatro países de la Unión que no ha reconocido a Kosovo.
El TIJ ya emitió una polémica sentencia en febrero de 2007 en la que declaraba genocidio la matanza de Srebrenica (8.000 varones musulmanes asesinados en tres días de junio de 1995), pero eximía a Serbia de la responsabilidad en la planificación y financiación de la guerra de Bosnia-Herzegovina cuando nadie duda de que Milosevic y el presidente croata, Franjo Tudjman, ambos difuntos, fueron los principales arquitectos.
Publicado en la web de El País
