En la boca del lobo

La orden de arresto del presidente de Sudán puede ser la prueba de que la justicia internacional se abre paso, aunque con dificultades. Desde ayer, un jefe de Estado (al menos si es africano) puede ser procesado cuando los delitos de los que se le acusa son de la gravedad de los cometidos en Darfur desde 2003: más de 300.000 muertos, otros tantos refugiados en Chad y República Centroafricana y cerca de tres millones de desplazados. La mayoría de los crímenes fueron cometidos por los janjaweed, unas milicias que ya no esconden su coordinación con el Ejército sudanés.

Pero además de un éxito jurídico, cuyo resultado, está por ver, la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) supone un serio quebradero de cabeza para EE UU y China, el gran inversor. Debajo de los derechos humanos en Sudán, el país más grande de África, se esconden enormes cantidades de petróleo. En este caso no existe la unanimidad política que concitó el serbio Slobodan Milosevic.

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